Aunque el tema parezca algo trillado, una vez más, la Constituyente. Han pasado alrededor de 28 días desde la asunción de poderes del Ec. Rafael Correa y aún se cierne una nube de confusión con respecto al Decreto Presidencial N.- 2.
El Ec. Correa en uso "aparente" de sus derechos constitucionales por medio de Decreto ordena al TSE preparar en 180 días la Consulta Popular en la cual el pueblo va a decidir por la formación de una Asamblea Constituyente que se encarga de redactar una nueva Constitución.
Eso creo que lo conocemos no menos del 70% de los ecuatorianos. Lo que aconteció en la caldera política también nos es conocido. La inmediata oposición congresil, como era de esperarse, sobre todo porque se amenazaba su status quo, pero en el fondo y muy en el fondo esta actitud tiene su base en cierta línea de derecho coherente con lo que está vigente en la Constitución.
Por cierto, antes de continuar, no creo que el Congreso esté actuando bien, pero si creo que el Ec. Correa al extralimitarse en sus atribuciones ha provocado que el tema se degenere y se prostituya, todo ello, según se ve, por un pésimo asesoramiento en el tema legal y constitucional.
Sin ahondar en el cuestionamiento político, ni mucho menos en toda la corruptela auspiciada por el cabildeo parlamentario en el que circulan los intereses de un puñado de partidos mediocres, asustadizos y con baja leva, se puede encontrar que cierta parte da la postura de nuestros clásicos fabricantes de miseria se debe a los errores iniciales de nuestro Presidente.
Primero, pero no único. ¿Quién le dijo a Correa que la Constitución Política Ecuatoriana le garantiza el derecho a enviar directamente al TSE una orden de convocatoria a Consulta Popular para que se redacte un nuevo texto constitucional sin necesidad de la aprobación, consulta o lo que fuere del Congreso Nacional? Ecuatorianos, eso es ¡¡¡MEEEENTIIIIRAAAAAA!!! De hecho, la Carta Política vigente está hecha para auto-perpetuarse si uno lo mira bien. He buscado en la Constitución una referencia, la que fuere a una probable Asamblea Constituyente y ¿qué creen? Nada. Absolutamente, nada. Ni siquiera se la menciona en ningún artículo de la Constitución.
Lo que si cita nuestra Constitución, tan manoseada, tan deplorada y tan necesaria para el desarrollo democrático es lo siguiente que expongo a consideración de ustedes.
Capítulo 2
De otras formas de participación democrática
Sección primera
De la consulta popular
Art. 103.- Se establece la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes.
El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la Constitución y en la ley.
Art. 104.- El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular en los siguientes casos:
1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Art. 283.
2. Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior.
Y en el mentado artículo 283:
Art. 283.- El Presidente de la República, en los casos de urgencia, calificados previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes, podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales. En los demás casos, la consulta procederá cuando el Congreso Nacional no haya conocido, aprobado o negado las reformas en el término de ciento veinte días contados a partir del vencimiento del plazo de un año, referido en el artículo anterior.
En ambos eventos se pondrán en consideración del electorado textos concretos de reforma constitucional que, de ser aprobados, se incorporarán inmediatamente a la Constitución.
Es fácil adivinar que se puede uno pasar de vivo, sobre todo siendo el Presidente de los ecuatorianos, raza de seres donde predomina la viveza criolla y la "sapada", y simplemente tomarse a pecho el numeral segundo del artículo 104 y decir: "como no es reforma constitucional lo que estoy solicitando, sino una nueva Constitución redactada por una Asamblea, entonces me acojo a este derecho". Otros pueden opinar que existe mucha buena voluntad, que hay que cambiar la COnstitución y que si "no lo dejan", entonces hay que saltarse la Constitución Actual, en pro de una nueva. Bajo esos mismos razonamientos Venezuela ha dejado de ser un Estado plenamente democrático, para convertirse en algo similar a una autarquía. Eso es otro tema.
El problema radica en que si se iba a optar por el camino de la viveza y no por la vía verdaderamente democrática, que aunque imperfecta y llena de escollos EXISTE, entonces, cabe la pregunta: ¿para qué enviar un comunicado al Congreso? Si voy a saltarme la Constitución, si voy a hacer lo que estimo conveniente, al margen de la legalidad, ¿porqúe molestarme en enviar el texto a aquellos que casualmente me interesa limitar, a los que he excluído tácitamente?
Aunque sabemos que el camino democrático no era óptimo, debió haberse seguido. Al menos, para luego de ello, al no recibir el apoyo parlamentario, allí si, hacer uso del principio que dicta que la Justicia es superior a la Ley e ir más allá de la Constitución en favor del país, hacia una nueva Constitución. En una analogía básica, es como darle un tiro al vecino por ocupar la entrada de tu garage sin haberle pedido nunca que dejara de hacerlo.
Pero, ese camino nunca se siguió. Y toda la polvareda que se ha originado hace pensar seriamente en la veracidad de las afirmaciones del régimen cuando indica que es indispensable contar con un nuevo texto constitucional para hacer gobernable al país. Es probable y estoy seguro de ello que una nueva Carta Magna podría atenuar algunos de los vicios que consagró la vigente, pero es poco probable que la situación mejore sólo por tener una nueva Constitución. Incluso, existe la pequeña, pero no tan remota probabilidad de que la nueva Constituyente bajo la responsabilidad de las tiendas de campaña de siempre se convierta en el vehículo que hará realidad las más monstruosas aspiraciones de una buena parte de la fauna prehistórica política ecuatoriana.
La moraleja. Cambiemos nosotros. No esperemos dádivas de ningún Gobierno, tengamos al menos una onza de dignidad. Exijamos que la Constitución consagre el respeto al derecho, la justicia y la propiedad privada. Que la Constitución exija que se cumpla la premisa de modernización estatal. Que se vele porque no existan salvaguardas y se garantice el derecho a la libre empresa y el libre comercio. Así tendremos un futuro promisorio, de lo contrario, esperemos un nuevo ciclo de pauperización y degradación moral.
Saludos,
Santhros.
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